Mártires de la paz.

Capítulo 30
Otros mártires de la paz.
(Del libro “Allá al Pie de la Montaña”, Renán Alcides Orellana. Talleres Gráficos UCA, 2002)

A finales de 1980, la vorágine de la guerra me lanzó, casi violentamente, hacia Panamá. En El Salvador, el conflicto armado recrudecía, así como también el número de muertos, la represión y la crisis social, política, económica y cultural.

El 27 de noviembre fueron secuestrados siete dirigentes de izquierda, en las oficinas del Socorro Jurídico del Arzobispado, que funcionaba en el colegio Externado San José. Los líderes fueron salvajemente asesinados y sus cadáveres aparecieron en distintos lugares de la periferia de San Salvador. Se trataba de Enrique Álvarez Córdova, presidente del Frente Democrático Revolucionario (FDR); Juan Chacón, del Bloque Popular Revolucionario (BPR); Manuel Franco, de la Unión Democrática Nacionalista (UDN); Humberto Mendoza, del Movimiento de Liberación Popular (MLP); Enrique Barrera, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); José María Maravilla y Francisco Barrera. Un comando anticomunista se responsabilizó de la acción criminal, mediante un escueto comunicado, cuyo texto decía:

A la ciudadanía en general, hacemos saber: que este día, una escuadra de la Brigada Anticomunista “General Maximiliano Hernández Martínez”, nos responsabilizamos del ajusticiamiento de los comunistas del Frente Democrático Revolucionario (FDR)… por ser los responsables materiales e intelectuales de miles de asesinatos de gente inocente que no quiere ser comunista…

En algunos medios de prensa se conoció oportunamente el verdadero nombre de quien se autodenominaba Comandante Aquiles Baires y se confesaba líder de la inexistente brigada anticomunista; identificado después como un militar ahora retirado.

En cuanto a los fallecidos, sólo a los dos últimos no conocía. El caso particular de Álvarez Córdova me impactó mucho más, en mi destierro en Panamá, porque él, a principios de los años setenta, me designó para acompañarlo como miembro de su equipo ministerial, en Agricultura y Ganadería, como responsable de la labor editorial. Hombre de convicciones humanizadas, y millonario además, su participación fue realmente patriótica, sin ambiciones de poder o dinero. Ese es el mayor mérito de este mártir de la paz, caído por luchar contra las injusticias.

Sin menosprecio a los restantes, a quienes poco conocía, el caso de Manuel Franco también me afectó mucho. Para 1974, Franco era presidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS), mientras me desempeñaba como director de la Escuela de Periodismo, de la Universidad de El Salvador. La AGEUS había apoyado una alianza docente-estudiantil en la Facultad de Ciencias y Humanidades, que promovía mi candidatura, y así mi designación fue respaldada por total mayoría. Desde nuestra propia identidad realizamos un trabajo armónico. Entonces, seis años después, estos sucesos.

La noticia del asesinato de estos líderes salvadoreños era para sacudir los cimientos cívicos de cualquier ciudadano, lanzado a tierra extraña. Para entonces, yo era uno de ellos. La impotencia y el sentimiento, conjugados con el dolor de la distancia, me hicieron escribir los Poemas fuera de casa. Panamá 1980, libro inédito aún. Una muestra es el soneto Punto de partida:

este clamor sin grito que me llueve
este decir sin decir que algo me pasa
este asombro del llanto que conmueve
este andar como extraño por la casa

esta ruta del llanto que se atreve
esta espina sin rosa como brasa
esta escena de un acto más que breve
esta visión del ser un tanto escasa

es hebra de un dolor que no termina
es llama que consume abierta herida
es sol como no hay otro que calcina

pero este ser sin ser tendrá otro alero
al retornar al punto de partida
vámonos corazón vos sos primero

Pero, El Salvador era un suma y sigue. El 5 de diciembre de 1980, el salvaje asesinato de cuatro misioneras de la orden Maryknoll: Ita Ford, Maura Clark, Jean Donovan y Dorothy Kagel, que laboraban en la zona norte de El Salvador, colmó la paciencia de la administración norteamericana. Los cadáveres fueron encontrados en el cantón Santa Teresa, de San Antonio Masahuat; y, dos días después, el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, William Bowdler, y el ex subsecretario del mismo ramo, William D. Rogers, llegaron sorpresivamente a El Salvador, en misión presidencial, para investigar el secuestro y asesinato de las religiosas estadounidenses. La preocupación gubernamental sobre la aparente contribución de la Iglesia a los movimientos populares y guerrilleros, parecía crecer en medio de contradicciones de los mismos políticos en Estados Unidos.

Para reforzar su credibilidad en cuanto al tratamiento de los derechos humanos, y para responder a las críticas sobre la manera en que la administración había manejado el asesinato de las cuatro religiosas, Reagan manifestó públicamente su preocupación por la violencia en El Salvador, y, el 11 de mayo de 1981, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó 11 a 1 a favor de poner condiciones a la ayuda presente y futura al gobierno de El Salvador. En consecuencia, éste, siempre de facto y con José Napoleón Duarte a la cabeza, se comprometió a realizar elecciones para la Asamblea Constituyente con el fin de normalizar las relaciones; y, en efecto, logró una reconciliación favorable con Estados Unidos.

Pero no sólo nos dolían los asesinatos de monseñor Óscar Arnulfo Romero, las misioneras Maryknoll y tantos y tantos nobles salvadoreños, de ambos bandos y otros miembros de la sociedad civil, a quienes éramos acaso simples espectadores del conflicto.

Independientemente de su ideología, credo o convicciones partidistas, entre algunas de estas personas sacrificadas en fechas distintas, por ser consecuentes con sus convicciones, debe mencionarse a Francisco Peccorini, ex sacerdote jesuita y mi profesor de latín en la Facultad de Humanidades, en 1960; Rafael Hasbún, mi profesor en las aulas de Periodismo; Francisco José Guerrero, abogado, político, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, durante varios períodos, en el último de los cuales fui su Director de Prensa; Antonio Rodríguez Porth, Gabriel Payés, Edgar Chacón, Napoleón Romero y Roberto García Alvarado, entre otros.

También de manera particular, los sectores cristianos, especialmente el católico, sufrían la pérdida de una cifra considerable de sus miembros. En distintas fechas y lugares, fueron martirizados los sacerdotes Rutilio Grande, cuyo asesinato a manos de la Guardia Nacional, el 12 de marzo de 1977, fue como la piedra de toque para la identificación total de monseñor Romero con su pueblo; Alfonso Navarro, Cosme Spessoto, Alirio Napoleón Macías, Octavio Ortíz, Rafael Palacios, Ernesto Barrera Moto y, en plano relevante, el Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La Villa El Rosario también aportó su cuota de mártires en la guerra. Contrario a lo que digan los sectores gobiernistas de estos lados, las muertes de Tony Urbina, Omar Arquímides Chica Urbina, Cristóbal Castillo, René de Jesús Velásquez y sus hijos Lázaro y René Abed-nego; Israel Chica, Emelia Claros y sus hijos Alfonso, José Santos y Neftalí; Marcial y Vesta Díaz y su hijo Marcial, Vladimir Orellana Argueta, Clemente Castillo, Rodolfo Claros, los hijos de Chema Velásquez y tantos otros, independientemente de ideologías, militancias y creencias, son mártires que duelen. Son los mártires de la Villa El Rosario, sacrificados salvajemente, en distintas fechas, en el marco de la guerra. Porque este pueblo, antaño el más pacífico de toda la comarca, fue obligado a la lucha armada, como única opción. No importa si ellos fueron obligados o “por su gusto”. Lo cierto es que cuando un ambiente de armonía social es tocado por la violencia, y más por la violencia institucional, que es la generadora de más violencia, no hay más alternativa que tomarlo o dejarlo, que quedarse o irse. Ellos se quedaron, optaron por su pueblo que estaba aquí, sin importarles los riesgos. Sencillamente, la guerra no se los perdonó y les cobró un alto precio por su lealtad.

La de Tony fue una de aquellas vidas valiosas. Hombre valiente, sin pretensiones, responsable y laborioso, desde niño tomó en serio la vida como tomó en serio la vida de los demás. Por ellos luchó. Y para hacerlo, rechazó con dignidad el oficialismo, que hace funcionario a cualquier ignorante que muestre vocación para la pre-potencia y la deshonestidad.

Los tristemente célebres procederes, en los años sesenta y setenta, de Conciliación Nacional, un partido político gestor de argucias y corrupción por casi cuatro décadas, unidos a los de su grupo paramilitar Organización Republicana Democrática Nacionalista (ORDEN), son como el sello más significativo, en la segunda mitad del pasado Siglo XX, de lo que para un pueblo libre significa un gobierno represivo, prepotente y autoritario. Luego, pasado el conflicto bélico de los años ochenta, institutos políticos de otras denominaciones son varios botones para una sola muestra de lo mismo. Con las excepciones propias de toda regla, aquellas mismas actuaciones son ahora como el acontecer normal cotidiano; y en la Villa El Rosario no son la excepción.

Tony, antes de irse a las montañas, fue agredido y sometido a riesgos fatales por esos minúsculos sectores antipopulares. Ahora mismo, quienes antes parecían secundarle en sus ideales de justicia y libertad, hacen todo lo contrario. Mi madre acogió siempre a Tony con cariño, con la misma dimensión que lo hizo con sus hijos; y contra los prejuicios, los convencionalismos sociales y la irresponsabilidad paterna de la época, hizo sentir la grandeza del niño que entonces era Tony, convertido después en ejemplar ciudadano. Vladimir (Vladi), mi sobrino y ahijado, fue otra vida joven truncada por la espiral de violencia, en el marco de la guerra. Una esperanza joven, también perdida prematuramente. Como yo, como nosotros, el pueblo sintió sus muertes. Son las muertes que duelen mucho más que las otras, porque anticiparon su viaje cuando más se les necesitaba para contrarrestar la negación del cariño y la gratitud, de la que hoy hacen gala los aprovechados.

Los otros mártires, que eran jóvenes también casi todos, regaron con su sangre estas tierras de los antepasados Lencas, al caer abatidos por la metralla gubernamental; bien en combate o en operativos, que buscaban hasta debajo de las piedras a los “simpatizantes comunistas, para salvar a la patria”. Ahora, estos primeros mártires y héroes, como tantos otros en el territorio nacional, son los eternos olvidados. Casi nadie los recuerda, excepto algunos de su familia o los verdaderos ciudadanos, que continúan viendo en ellos la semilla que germinará en este suelo, para que un día florezca la esperanza.

El apoyo de Estados Unidos al gobierno salvadoreño fue en aumento en su lucha contra la guerrilla. Durante 1982, las columnas guerrilleras fueron más numerosas y se extendieron más. El ejército, en actitud desesperada, “persigue cualquier cosa que parezca guerrilla y las fuer-zas gubernamentales y elementos paramilitares, tratan a los simpatizantes de la guerrilla como si fueran combatientes”. La guerrilla, por su parte, hacía otro tanto con los que estimaba eran sus adversarios. El conflicto creció y se agudizó.

Los siguientes períodos presidenciales de El Salvador: Álvaro Magaña, 1982-1984; José Napoleón Duarte, 1984-1989, y Alfredo Cristiani, 1989-1994, estuvieron prácticamente sometidos a las incidencias del conflicto bélico contra el FMLN, con su secuela de más muertos, encarcelados, exiliados y desaparecidos.

Los movimientos populares, los partidos de oposición, las organizaciones cívicas y la Iglesia denunciaban y luchaban contra la represión y las injusticias, en actitud aparentemente paralela, aunque no ideológica, con el FMLN. Esto indignaba y desconcertaba al gobierno, especialmente al ejército que, al no poder dar cuenta de su real enemigo, la emprendía contra las organizaciones mencionadas. Así se dio la muerte de muchos civiles inocentes, líderes opositores, sacerdotes y catequistas católicos y ministros de otras iglesias, por ser consecuentes, unos con su deber cívico, y los otros, con su compromiso de anunciar el Evangelio.

Y presión contra presión de ambas partes, que evidenciaba un virtual empate en la guerra, el 11 de noviembre de 1989 se da la ofensiva “Hasta el tope” del FMLN, cuyo objetivo central fue el ingreso guerrillero a la capital y ataques simultáneos en todas las comprensiones del país. La guerra se generalizó a nivel nacional. Aumentó la cifra de muertos, de ambos bandos y de la sociedad civil, así como la destrucción de la principal infraestructura nacional: edificios, carreteras, puentes, templos y todo cuanto parecía significar objetivos militares.

Fuente: UCA

En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, comandos militares, con evidente respaldo y protección de la cúpula gobernante, incursionaron en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, conocida como Universidad Católica (UCA), y asesinaron con furia bestial a los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría (rector), Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López, y Juan Ramón Moreno, así como a las colaboradoras domésticas Elba Ramos y a hija menor, Celina Mariceth.

El gobierno intentó, en vano, negar la autoría de tan abominable crimen, ante las numerosas protestas y demandas de justicia que, a nivel nacional e internacional, se suscitaron, y continúan aun hoy en día, después de más de doce años. Militares de distintas graduaciones, Benavides, Mendoza, Guevara y otros, fueron juzgados y condenados en su oportunidad; pero, como era de esperarse, una amnistía general, decretada por el gobierno, los absolvió y los dejó en libertad. De esta manera, el nuevo crimen se sumó a los muchos otros, como los del Arzobispo Romero y las religiosas de la Orden Maryknoll, que continúan en la impunidad.

La Compañía de Jesús ha encontrado fuerte obstáculo en la legislación salvadoreña y sus administradores, en su demanda de justicia, quedándole únicamente la opción de elevar la denuncia ante una Corte Internacional de Justicia. Por eso, no es aventurado expresar que hasta ahora las víctimas de la violencia institucionalizada, de las últimas tres décadas en El Salvador, siguen siendo las eternas olvidadas por un “proceso de paz” que no sólo se tambalea, sino que augura su total nulidad. La Revista de Estudios Centroamericanos(ECA), de la UCA, al referirse a este proceso, sentenció en su oportunidad:

Si no es posible investigar hechos criminales del pasado y brindarle justicia a las personas afectadas que la exigen, El Salvador aún no merece presentarse como un país en paz, democrático, respetuoso de los derechos humanos y reconciliado…

Sin embargo, una realidad incuestionable es que sobre estos mártires de la paz, especialmente el caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero [reseñado en un capítulo anterior], ya el pueblo salvadoreño y la opinión internacional, consciente y solidaria, han dado su veredicto: sus muertes son semilla de paz y reconciliación.

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