Nuevos magistrados…¿más de lo mismo?

No tengo nada personal contra ningún candidato, sea a diputado, a alcalde o a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es más, quizás con algunos ni nos conocemos mutuamente, pero por mi experiencia profesional de muchos años y por el monitoreo constante ídem de la realidad nacional, estimo contar con razón suficiente para no compartir su postulación, especialmente de aquellos que aspiran a su reelección y, además, con evidente aprovechamiento de sus cargos y de los recursos públicos.

No sería nada saludable para el país, por ejemplo, que se impulse la reelección de magistrados a la CSJ si, por su conocido accionar contrario a los intereses de la Nación, su labor va a ser más de lo mismo, o peor. Hasta este momento, uno solo es el autoproclamado; por cierto, con evidente favor mediático y prevalencia del cargo. Todo mundo conoce las intervenciones del magistrado, especialmente cuando, a partir de los inicios de la actual Presidencia, protestó por los cambios que implicaban, entre otros, la supresión de los tantos vehículos asignados a cada magistrado. Y otros privilegios. Hoy, con enorme despliegue de propaganda ¿costos?, busca la reelección y están claras sus aspiraciones de ir tras la presidencia.

Tampoco sería saludable para la misma CSJ, y menos para el país, la elección de juezas y jueces cuestionados públicamente; ya sea por incapacidad (3.5 de nota, por ejemplo), o por fallos dudosos o por alguna suspensión en el ejercicio de su cargo ordenada por la CSJ. Lamentablemente, ha trascendido que en la lista que la Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) propuso al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), previo a su propuesta a la Asamblea Legislativa, aparecen precisamente, como candidatos con mayor votación, algunos juzgadores cuya labor diaria se ha visto empañada, en alguna ocasión, por los cuestionamientos mencionados.

Y lo anterior, según las fuentes, acompañado de fuertes señalamientos de fraude y otras presiones político/partidarias, que acabarían de deslegitimar a los aspirantes propuestos por la FEDAES, incluido el señor magistrado que aspira a la reelección. Todo lo anterior, que oportunamente ha sido denunciado por algunas organizaciones miembros de la misma FEDAES, debe ser investigado por ésta, por el CNJ y por la misma CSJ, si es que, realmente, se cuenta con aspiraciones genuinas de construir un verdadero estado de derecho.

Nada personal del pueblo salvadoreño consciente contra ningún candidato a magistrado de la CSJ, ni hacia otras candidaturas tanto para los concejos como para la Asamblea Legislativa; pero sí, les cuestiona la postulación y la respectiva propuesta y conducta en el trabajo, especialmente a quienes, a pesar de una trayectoria no tan limpia y hasta cuestionada a veces, con gran vehemencia aspiran a ocupar uno de los 15 sillones de la CSJ.

Los acontecimientos -enfrentamientos- internos y hacia afuera de meses recientes en la CSJ, merecen una reflexión identificada con las aspiraciones de los salvadoreños, a la hora de elegir a los futuros 5 magistrados. Nadie ignora que las justas y legítimas disposiciones de la actual Presidencia de la CSJ, internamente tocaron las fibras sensibles de los privilegios, la corrupción y las prebendas; y que, posteriormente, los conflictos agudizaron hacia afuera, a partir de varias sentencias de la nueva Sala de lo Constitucional. Y lo peor, en vez de unidad solidaria entre magistrados, más de alguno promovió, de manera evidente, la confrontación y la desestabilización, intra y extra CSJ. Sin embargo, sin ser adivino, el pueblo les conoce; y, por lo mismo, deslegitima su postulación y, consecuentemente, su posible y próxima elección. aún cuando respeta su derecho a postularse y el de sus seguidores de apoyarlo.

Ahora, en escala ascendente, la FEDAES, el CNJ y la Asamblea Legislativa tienen bajo su responsabilidad la difícil tarea de elegir a los 5. Una responsabilidad que debe traducirse en magistrados con capacidad, honestidad y transparencia; y, sobre todo, con nulo sometimiento a viejos esquemas de prepotencia, confrontación tendenciosa, desestabilización interna, corrupción y lineamientos político-partidarios. Se trata, pues, de honrar, de una vez por todas, las justas aspiraciones del pueblo salvadoreño en el campo judicial, para seguir, realmente, construyendo Nación, más allá de los tradicionales compromisos políticos y de grupo. ¡Así sea!

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