Con el beneficio de la duda inicia su gestión nuevo Fiscal General

Difícil, muy difícil para el pueblo salvadoreño evitar la sensación de continuismo con la elección del Fiscal General, Romeo Barahona. Más que difícil imposible, habida cuenta de que en los dos períodos anteriores el nuevo funcionario, como Fiscal Adjunto, estuvo ligado y fue consecuente con los designios y lineamientos de los fiscales generales, Artiga y Garrid Safie, cuyas administraciones fueron seriamente cuestionadas. Sin embargo, ante un hecho consumado y no como simple conformismo, en el marco del actual proceso de positivos cambios, solo queda a la población otorgar el beneficio de la duda, aparte de la potestad de exigir el fiel cumplimiento de las funciones o, en caso contrario, el consecuente reclamo ciudadano,

Después de cinco meses de jugar con los plazos en la búsqueda del “perfil” adecuado (que para el pueblo significaba perfil ad hoc a intereses partidarios) ¿valió la pena la espera? o, la tardanza de la Asamblea Legislativa para la elección ¿será para más de lo mismo? Es la doble interrogante generalizada en la población, para una respuesta que ojalá, con el tiempo logre borrar el mal sabor de una elección moralmente deslegitimada: primero, por el incumplimiento de los plazos constitucionales; y segundo, por el escenario extra legislativo y las intervenciones, aunque bien intencionadas y productivas pero ajenas al deber ser, del presidente de la República, Mauricio Funes. Una elección que también -dicho hasta la saciedad- estuvo evidentemente marcada por el interés partidario, antes que por el interés de Nación. Y por el reclamo de la ciudadanía consciente. El arroz está cocinado; y a futuro, en manos de la capacidad, experiencia y acatamiento legal del nuevo Fiscal General, estarán la confianza y aceptación de la ciudadanía. Sin duda, para el Fiscal Barahona esto será posible, si median su voluntad, valentía e independencia.

Como contrapartida también, el pulso popular celebra que, a pesar de los esfuerzos denodados del bloque unipartidista ARENA-PCN-PDC, la candidatura del actual Fiscal Adjunto no haya logrado su objetivo. Sin duda nada personal, pero el desgaste por algunos fallos precipitados, y otros dudosos por inconclusos y discrecionales, calaron en la ciudadanía. “Lluvia de demandas contra fiscal en funciones”, tituló noticia La Prensa Gráfica (septiembre 11/09), que ampliaba: “La Corte Suprema de Justicia (CJS) admitió una decena de demandas de inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que permite al fiscal adjunto tomar las riendas de esa institución en caso de que la asamblea legislativa demore en elegir al nuevo funcionario”. Y relacionaba el decreto legislativo 1037, artículo 30, que atribuye funciones al Adjunto como si fuera el Fiscal General. “Uno de los primeros que declaró inaplicable el artículo -según la noticia de LPG- fue el juez suplente del tribunal Décimo de Paz, el 6 de mayo de 2009. La demanda fue admitida un mes después y los magistrados ya pidieron un informe sobre la legalidad del decreto a la Asamblea Legislativa”. Y así, otras demandas en este y otros sentidos. “En total -finalizaba LPG- son 12 demandas. Una de las últimas fue presentada por cuatro ciudadanos que consideran que Astor Escalante, al mando de la Fiscalía desde abril, no está facultado constitucionalmente”.

Ahora, con nuevo Fiscal General conviene que su período inicie con una clarificación de esos y muchos otros cuestionamientos, que son un tanto contra el Adjunto pero más contra la institución en general. Y dentro de todo, que su facultad de nombrar a su Adjunto -eso es, nombrarlo él pero sólo para mientras dure su período- sea meditada, valiente, sin atender presiones; en función de la justicia y, totalmente, para bien del país. No por caprichos particulares o de grupo, sino porque así conviene a la dignidad e inteligencia de los salvadoreños. Con madurez profesional y amplitud de criterio, el nuevo Fiscal General, Romeo Barahona, sin duda así lo hará. La población espera, además, claridad y diligencia en todos los casos especiales de su competencia, en cuanto a efectiva investigación y persecución del delito (casos Katya Miranda, Silva Pereira y tantos otros) y el costoso alquiler de sus Oficinas Centrales (y, además, fuera de la jurisdicción territorial de San Salvador), entre otros.

El nuevo Fiscal sabe que el ojo ciudadano estará pendiente y vigilante de que él, dentro de la esfera de su competencia y en su afán sincero de servir al país, no permitirá más fallos injustos y otros desaguisados contra la población más humilde. Eso desea, eso espera, la ciudadanía; por eso, el beneficio de la duda… más favorable que desfavorable hacia el nuevo funcionario. Será interesante escuchar del pueblo mañana que, a pesar de todo, valió la pena la retardada elección del Fiscal General, aún cuando, cívicamente, los procedimientos hayan dejado mucho que desear.

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